• La Federación de Atención a la Ciudadanía recuerda que los funcionarios de prisiones no realizan una función de vigilancia, sino de reeducación y reinserción laboral
• Además, es una plantilla específica de la AGE sin movilidad a otras administraciones, por lo que no debe poder darse el efecto contrario

Madrid, 10 de enero de 2020.- La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO defiende las funciones específicas que realiza el funcionariado de prisiones y que no pueden sustituirse por personal proveniente del Ejército, “dado que los trabajadores de centros penitenciarios no se dedican a una mera vigilancia de los internos en prisión, sino que son funcionarios civiles de la Administración General del Estado que realizan sus funciones sin portar arma, puesto que las penas de prisión están orientadas a conseguir que los condenados consigan una reinserción social efectiva tras el proceso de reeducación”, expone José Joaquín Castro, secretario de Desarrollo Sindical de FAC-USO.

Así, el funcionariado que presta servicios para la Administración Penitenciaria “es un cuerpo especialmente cualificado, que accede a su puesto mediante oposición de acceso libre. La posible incorporación de militares profesionales en sus últimos diez años de compromiso o reservistas especiales viene a reconocer, de la mano del Ministerio de Defensa, y no de Interior, que hay una gran carencia de personal en nuestras cárceles, como llevamos denunciando desde hace años desde USO. Pero el que esa falta de plantilla no se cubra con personal especializado preocupa a los trabajadores que ya desempeñan su trabajo y molesta a los miles de futuros funcionarios que están preparando las pruebas selectivas que, según nuestros cálculos, deberían cubrir 3.400 vacantes en toda España”, continúa Castro.

Desde FAC-USO señalan que “si bien esta posibilidad reconoce la necesidad de personal, no soluciona el otro problema medular del sector, como es el envejecimiento de las plantillas, con una edad media de 49 años y todos los centros del Noroeste, por ejemplo, por encima de los 50 años. Incorporar a personal militar con antigüedades de unos 25 años no suponen un rejuvenecimiento de las plantillas y, por el contrario, pone en peligro la movilidad de los funcionarios más jóvenes, que buscan poco a poco acercarse a sus lugares de origen por méritos en sus puestos”.

Y, por último, recuerda José Joaquín Castro, “los funcionarios son un cuerpo tan específico que no cuentan con movilidad hacia otras administraciones, por lo cual entendemos que eso debe ser recíproco y que tampoco puedan convertirse en funcionarios de prisiones a personal ajeno a ellas.