La parte del SEPE “dedicada a las prestaciones contributivas y subsidios derivados de estas cuentan con el 80% de la plantilla del organismo. Las prestaciones por desempleo son prestaciones y subsidios que dependen de las cuotas de la Seguridad Social, por lo que tendría más sentido, especialmente con la carga actual en prestaciones, que fuera una entidad gestora de la Seguridad Social”, explica Deleito.

Por otro lado, “entendemos que los subsidios asistenciales, como la Renta Activa de Inserción o los retornados, deben ser competencia autonómica, ya que entran en juego los servicios sociales. No forman parte de las prestaciones contributivas”, desglosa el secretario general de FAC-USO.

Además de una mejor organización del servicio, USO ha añadido un listado de medidas urgentes y que deben tomarse para evitar el colapso del servicio: “la inmediata pasa por reforzar en un 50% la plantilla fija. No da más de sí, el refuerzo ante la avalancha de expedientes ha sido irrisorio, es insostenible sumar ya diez meses en esas condiciones. Además, hay que modernizar las aplicaciones informáticas y establecer unas directrices comunes para todas las direcciones provinciales”, pide Deleito.

La FAC-USO añade “el penoso estado de muchas oficinas, que atentan contra la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. Sedes, recordemos, del propio Ministerio de Trabajo. Y, por supuesto, facilitar los medios informáticos para el teletrabajo. Durante el primer estado de alarma, se demostró que se podía trabajar así y se hizo con los medios de los propios funcionarios o temporales. Ahora debe promoverse, pero con la implicación del SEPE”.

Luis Deleito advierte del “hartazgo de la plantilla del SEPE. Le hemos dado a la ministra 15 días de plazo para comenzar a poner en marcha mejoras en el servicio. De seguir ignorando las deficiencias, tomaremos las medidas que consideremos necesarias en defensa de los trabajadores”.