En este primer encuentro, “que ha destacado por el buen tono y la predisposición a escuchar nuevas ideas”, destaca Joaquín Pérez, “USO le ha pedido que no se utilice la frase de ‘derogar la Reforma Laboral’, sino que sea ambiciosa y construya la legislación laboral del siglo XXI que necesitamos para abordar los retos del empleo y las nuevas formas de trabajo que están aún por legislar. Derogar la Reforma supone irnos a una ley de los años 90, sin herramientas para afrontar la temporalidad, los falsos autónomos y otras desregulaciones que nos ha traído la digitalización”.

No obstante, “mientras se prepara este marco legal, es urgente introducir cambios en el que hay. Por ejemplo, en el marco del Diálogo Social, consideramos que debe modificarse el artículo 67 del Estatuto de los Trabajadores para conseguir una verdadera democracia sindical: que los trabajadores puedan elegir a sus representantes sin dar privilegios a los dos grandes sindicatos, y que se haga un control exhaustivo en las estadísticas oficiales de los miles de delegados fantasma que tienen estas dos organizaciones y que inflan sus datos de representación”, explica Pérez.

Entre las medidas impostergables, la secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO tiene clara una: “tocar el 52D del Estatuto de los Trabajadores, que ha permitido los despidos por enfermedad. Urge establecer un criterio unificado, un indicador, que separe claramente lo que es el absentismo laboral de las bajas e incapacidades, y sea obra de expertos en la materia. Se está criminalizando a enfermos y a facultativos y, hasta ahora, solo contamos con informes de empresas de trabajo temporal, que meten todo en el mismo saco, incluyendo situaciones que el Estatuto no considera ausencia, como la baja por maternidad”.

Sara García ha querido destacar que “la ministra está visibilizando el problema de las muertes en el trabajo, las grandes invisibilizadas de nuestro país. Llevamos años reclamando que se tomen medidas en este sentido, y así se lo hemos trasladado. Hay que actualizar la normativa sobre salud laboral, que está obsoleta y no contempla nuevos riesgos, hay que reforzar con medios humanos y técnicos a la Inspección de Trabajo, y hay que regular y limitar el papel de las mutuas, que tienen un papel preponderante sobre la propia Seguridad Social”.