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Los precios prohibitivos de luz y combustibles se comen los salarios y ponen en riesgo la actividad

Destacado
  • El IPC registra una subida histórica del 4%, acorrala a familias y pone en riesgo la actividad productiva
  • Urge recuperar la cláusula de revisión salarial ligada al IPC, medida de la que debe dar ejemplo la Administración
El IPC de septiembre ha confirmado la cifra adelantada, desorbitada, histórica; la mayor en 13 años, cuando la crisis financiera estaba en el disparadero: 4%. La subida de los precios de la luz y de los combustibles acorrala a cientos de miles de familias y, por primera vez, se ha confirmado el riesgo real de un parón de la economía por no poder afrontar el coste de la energía.

 

“A los dos días de registrar nuestra Federación de Industria un escrito al Ministerio de Transición Ecológica en el que se exhortaba a la ministra a tomar medidas urgentes para frenar la subida de la factura eléctrica por riesgo de paradas productivas, la primera siderúrgica anunció que tenía que detener su actividad por el elevado coste de la energía. Una situación extrema que puede repetirse y que ya está asfixiando a miles de autónomos y pequeñas empresas”, advierte Joaquín Pérez, secretario general de USO.

 

“Según los últimos datos oficiales, que utilizaban cifras de 2019, la pobreza energética afectaba a uno de cada diez hogares. No habían llegado el covid, el confinamiento ni la vergonzosa subida de la luz que estamos viviendo este año. El invierno está a la vuelta de la esquina y miles de familias ya no pueden asumir facturas de entretiempo. Europa no puede lavarse las manos, pero también le ha puesto deberes España, los que le llevamos pidiendo al Gobierno desde que empezó la escalada: bajen impuestos, es un bien necesario, no tiene sentido que esté gravado con el 21% de IVA”, reitera Pérez.

 

El secretario general de USO incide en que una subida de tal magnitud en los precios “obliga a subidas salariales en consonancia. El SMI ha subido un 0,53% este año, para las pensiones mínimas anuncian un 3% y para el personal público, un 2%. Ni siquiera las mensualidades cuya subida depende de la Administración van a mantener su poder adquisitivo. Tenemos que pelear en cada mesa de convenio por recuperar la cláusula de revisión salarial ligada al IPC o los trabajadores seguirán empobreciéndose año a año”.

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