El último informe del Fondo Monetario Internacional, ha vuelto a insistir en que el Estado debe financiar la salida de la crisis al mismo tiempo que exige una reforma de las pensiones en España que incentive los planes privados.
Por otra parte, recientemente la AIReF abogaba por implementar un mecanismo similar al factor de sostenibilidad en el caso en el que no se aplicara en 2023 como está previsto. Defendía además hacerlo cuanto antes para poder realizarlo gradualmente y generar menos rechazo en la población. Al mismo tiempo, el Banco de España recordaba que cada año que se retrasa la jubilación se ahorra un 0,9% del PIB.
Otras alternativas
Sin embargo, lo que no se ha escuchado son otras alternativas. La MERP, de la que forma parte USO, defiende todos los ámbitos de debate y escuchar todas las alternativas, algo que no está en estos momentos al alcance de la mayoría de la población. Por eso, la MERP lanza la campaña “El candado de las pensiones”, con el objetivo de avanzar en la exigencia de su blindaje constitucional, prohibiendo de forma explícita su privatización y la pérdida de poder adquisitivo.
Los planteamientos del FMI, el Banco de España, la AIReF y, lógicamente, de Inverco, insisten en la necesidad de apoyar los planes privados de pensiones, en sus diferentes versiones. Desde la MERP no nos oponemos a las pensiones privadas, pero no aceptamos que se haga negocio a costa de la degradación del sistema público de pensiones. Ante una crisis como la actual actual, sin un candado constitucional que dé certidumbre a las pensiones, su deterioro puede convertirse en negocio. Y eso, no se debe permitir.
Blindar las pensiones en la Constitución es una cuestión de razón social y humanitaria. Teniendo en cuenta que la crisis genera mayor “agresividad” y las mayores turbulencias económicas, prohibir de forma explícita la privatización de las pensiones en la Carta Magna es un seguro de futuro, una garantía de estabilidad y equilibrio social y económico.
Por eso llamamos a toda la población a promover y difundir el candado que representa el blindaje constitucional de las pensiones, en sus balcones, en las redes, en los barrios, en sus puestos de trabajo, etc. De ello depende las actuales pensiones y las de los pensionistas del futuro, que aún no han empezado a trabajar.
