El auto emitido por el Juzgado de Instrucción Nº3, a falta de dictar sentencia, refrenda la demanda presentada por los agentes sociales, los informes remitidos tanto por los interventores como los realizados por la Unidad policial investigadora (UDEF-BLA) dan como probados las acciones por parte de los responsables de Alu Ibérica que las organizaciones sindicales hemos venido denunciando sistemáticamente, tanto judicialmente como ante la opinión publica:

– Los actuales gestores representan un obstáculo real, cierto y serio para la viabilidad,
llegando a impedir la posibilidad de conocer, incluso, su estado de solvencia económica.

– La continuidad de los actuales administradores en la gestión de las sociedades intervenidas puede suponer un riesgo para la protección del patrimonio de dichas sociedades y despatrimonialización de las empresas y los centros de producción.
– Los trabajadores de la empresa pueden verse perjudicados y resultar afectados por las prácticas, sujetas a investigación, de los actuales gestores y administradores.
El auto recoge la solicitud sindical de apartar totalmente de la gestión de las plantas alumineras a los compradores y actuales gestores, para asegurar la protección del patrimonio de las sociedades intervenidas, así como de los derechos de los trabajadores, pasar de la medida cautelar de intervención judicial a una medida cautelar de administración judicial que asumirá la gestión mercantil removiendo a los actuales gestores de sus actuales responsabilidades.

Las organizaciones sindicales instamos a que se acelere este proceso poniéndonos a disposición del administrador judicial para garantizar el objetivo fundamental de todas las partes, reactivar la actividad industrial como máxima garantía mantenimiento de empleo en el sector estratégico de producción aluminio primario.

Desde UGT FICA, USO, CC.OO  y Confederación de Cuadros y Profesionales volvemos a denunciar la actuación fraudulenta por parte del Grupo Alcoa, que ha incumplido el acuerdo alcanzado en ERE de 2019 y posterior proceso de venta, se ha desentendido totalmente de sus obligaciones y compromisos adquiridos pues, tal como recoge el auto, no ha verificado que la parte compradora cumpliera con los compromisos de inversión adquiridos por las partes. Por ello las organizaciones sindicales entendemos necesario que una vez finalice el proceso judicial ambas factorías deben volver a formar parte Grupo Alcoa y está garantizar el futuro actividad industrial y del empleo.

Las organizaciones sindicales no entendemos la inacción por parte del Ministerio de Industria en todo el proceso, ya que las únicas medidas judiciales y sindicales han venido desde la parte social.

De forma inmediata el Ministerio debe tomar el control de las plantas a través de los mecanismos que sean oportunos, garantizar su viabilidad, algo en lo que hasta ahora también se ha puesto de perfil y ha hecho oídos sordos, dejando a los trabajadores abandonados a su suerte.

En este sentido, solicitamos al Ministerio de Industria la convocatoria urgente de la Mesa Industrial para el Mantenimiento de la Actividad en las Comarcas de Avilés y A Coruña, como marco en el que acordar la estrategia que garantice la continuidad de los puestos de trabajo y el futuro de las comarcas en las que se encuentran las plantas en Avilés y A Coruña.

De igual forma exigimos a las distintas Administraciones que supervisaron el proceso fallido, y presuntamente fraudulento, de las plantas, adopten cuantas medidas sean necesarias para garantizar la viabilidad y la continuidad de los puestos de trabajo, tal y como se comprometieron a lo largo del proceso de venta de las plantas de Avilés y A Coruña.