Se cumplen 100 años de la huelga conocida como “la canadiense”. La huelga se originó en solidaridad con ocho despedidos del personal de oficinas de la compañía eléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro (conocida como la canadiense por el origen de sus inversores). Al pasar parte de la plantilla de temporales a fijos la empresa decidió bajarles el sueldo. Algunos de estos obreros eran miembros del sindicato único de la CNT y recurrieron a esta para plantear el conflicto, lo que provocó sus despidos. Los trabajadores de la sección de facturación de la empresa se declararon en huelga hasta la readmisión de sus compañeros y enviaron una comisión al gobernador civil, al presidente de la mancomunidad y al alcalde para que intervinieran. La dirección llamó a la policía para que los echara de la fábrica. Su despido motivó que otras secciones de la compañía se unieran a la huelga. Una parte de la plantilla de Energía Eléctrica de Cataluña comenzó a solidarizarse e iniciaron la huelga en su empresa. Los obreros de La Canadiense publicaron las bases que presentaron a la empresa: readmisión de todos los despedidos, aumento de sueldos, despido de esquiroles y ninguna represalia por parte de la dirección. A los dos días la empresa respondió con un comunicado acusando a los sindicatos de aprovecharse políticamente del conflicto.
La situación se agravaba: la dependencia de multitud de servicios e industrias de la energía de La Canadiense hacía que estos parasen forzosamente, lo que hizo que el conflicto se trasladase a otros sectores y la huelga se extendiera, como en el gremio los chóferes y en el diario El Diluvio. El 21 de febrero la huelga en el sector eléctrico era general, con la suma de los trabajadores de todas las compañías eléctricas. De esta manera el 70 % de la industria catalana, los tranvías o diarios se vieron afectados provocando su paro forzoso. Tras hablar con la embajada inglesa, el gobierno del Conde de Romanones se incautó de la empresa y envió a algunos elementos del cuerpo de ingenieros y de la armada. Los técnicos militares calcularon que necesitarían cuatro días para restablecer el servicio. Milans del Bosch, capitán general de Barcelona, consideraba, al contrario del gobernador, necesario declarar el estado de guerra. El 27 de febrero la huelga en las compañías de electricidad, gas y agua es ya general. Romanones declaró ese mismo día que dimitiría cuando se restableciera el orden en Barcelona. El 1 de marzo el gobierno se incautó del servicio de aguas y el alcalde se puso en contacto con el comité de huelga. Este presentó sus condiciones, dando un plazo de dos días para contestar. Las condiciones eran: libertad de los presos encarcelados desde el 16 de enero, la apertura de los sindicatos y la inmunidad del comité de huelga. Las propuestas fueron rechazadas por el Gobierno y las compañías publicaron que todos aquellos trabajadores que no volviesen a trabajar el 6 de marzo serían despedidos. En este contexto aparece la censura roja auspiciada por el Sindicato Único de Artes Gráficas de la CNT. Este prohibió toda publicación sobre el conflicto que fuese perjudicial para los intereses obreros. Esta censura llegó a retrasar bandos gubernamentales e imponer y cobrar multas a diarios y delegados sindicales.
El 7 de marzo empezó una huelga en el sector ferroviario que el 12 del mismo mes ya era general. El 9 de marzo el gobierno consiguió publicar el bando del capitán general, Milans del Bosch, de movilización de todos los obreros de las empresas en huelga. Este bando dictaba una pena de cuatro años de cárcel para aquellos que no se presentasen en sus zonas de reclutamiento. La mayor parte de los trabajadores no se presentaron y fueron encarcelados en el castillo de Montjuich, donde llegaron a internarse casi tres mil presos. El 13 de marzo José Morete, subsecretario de la presidencia del gobierno, llegó a Barcelona; Carlos Montañés, ingeniero de simpatías catalanistas, es nombrado gobernador civil; y Gerardo Doval es nombrado jefe de policía con lo que el Gobierno buscaba el camino de la negociación. A la vez se declara el estado de guerra y se mantiene la censura de prensa.
El Gobierno estaba preocupado por varios motivos: la extensión de la huelga a otras zonas de influencia cenetista como Valencia, Zaragoza o Andalucía y la amenaza de la Unión General de Trabajadores (UGT) de solidarizarse. Al día siguiente Lawton y Montañés tuvieron una reunión donde el segundo convenció al primero para que negociara con el comité de huelga. Durante el 15 y el 16 de marzo se realizaron varias reuniones entre el comité de huelga, las autoridades civiles y la empresa, que tuvieron lugar en la sede del Instituto de Reformas Sociales, donde se llegó al siguiente acuerdo: el final de la huelga, libertad para todo preso social que no estuviera sometido a proceso, readmisión de todo huelguista sin represalias, aumento general y proporcional de los salarios de los obreros de La Canadiense, jornada máxima de ocho horas y el pago de la mitad del mes que se estuvo en huelga. Para que este acuerdo se pudiese llevar a cabo se tendría que contar con el consentimiento de los trabajadores, para ello se llevó a cabo un mitin en la plaza de toros de Las Arenas al que asistieron alrededor de 25.000 obreros. En este acto, tras la intervención de Seguí se aceptó finalizar la huelga.
Esta huelga, que ha sido considerada de histórica, terminó como una victoria completa para los sindicatos, además de los obreros de La Canadiense, chóferes, carreteros, obreros del textil y tipógrafos consiguieron sus mejoras. Entre ellas sobresale la jornada de ocho horas promulgada en abril que convirtió a España en el primer país del mundo en establecerla por ley. Así mismo la disciplina obrera había sido imperante, dominando a las facciones más agresivas, en los cuarenta y cuatro días que duró la huelga se dieron muy pocos actos violentos: una bomba y cuatro asesinatos, hechos aislados ante el pacifismo del resto de obreros. Por último situó a la cuestión social en un lugar destacado dentro de la política catalana y a la CNT como una de las organizaciones más influyentes de Cataluña y de España.
